La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz ha ordenado «por razones de urgencia fundamentadas en situaciones de riesgo inminente» la ejecución inmediata de medidas de seguridad en un inmueble situado en Pico del Inglés, en el que se han localizado restos de planchas prefabricadas que contienen fibras de amianto.
Urbanismo da un plazo máximo de dos semanas a los propietarios de esta construcción abandonada para que intervengan en la misma. Según el expediente publicado por la Gerencia se les ordena, en primer lugar, que «se lleve a cabo un cerramiento de seguridad de cualquier hueco o acceso por el que puedan entrar personas a este inmueble, mediante tapiado con bloques de hormigón vibrado o medio equivalente. Se deberá dejar un acceso para que se puedan efectuar labores de limpieza y desescombro».
En segundo lugar, se deberá efectuar la oportuna tramitación de los títulos habilitantes necesarios de cara a que se eliminen y gestionen adecuadamente los residuos de planchas prefabricadas, tipo uralita, que se encuentran disgregadas por toda esta edificación en estado de abandono.
Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se informa de que los restos de planchas prefabricadas que se encuentran en esta construcción contienen fibras de amianto, cuya demolición, retirada, tratamiento y gestión de residuos «deberá efectuarse de conformidad con la normativa vigente de aplicación, debido al riesgo que conlleva la inhalación de estas fibras».
En la notificación remitida a los propietarios se indica: «nos remitimos al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y al Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto».
La Gerencia Municipal de Urbanismo advierte de que las medidas de seguridad que se ejecuten deberán «estar dirigidas, diseñadas y supervisadas a cargo de técnicos competentes» y, en un plazo de cinco días desde que las medidas de seguridad se lleven a cabo, se deberá presentar un certificado de idoneidad de las mismas, en el que «se acredite la suficiencia, efectividad y correcta instalación de las medidas, para garantizar en todo momento la seguridad de personas y bienes». Urbanismo estima que el valor total de los trabajos asciende a unos 31.000 euros.
Además de la ejecución inmediata de medidas de seguridad, los dueños del inmueble tendrán que acometer, «en virtud del deber de conservación en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, las actuaciones de mantenimiento y rehabilitación necesarias del mismo, previa obtención de los correspondientes títulos habilitantes».
En la notificación remitida a los propietarios de este inmueble, la Gerencia Municipal de Urbanismo también les avisa de que el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará al Ayuntamiento de Santa Cruz para proceder a la ejecución subsidiaria a costa de los obligados, «siendo los gastos que se ocasiones a su costa, pudiéndose utilizar para el reintegro de los mismos el procedimiento de apremio», y a la imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, «cada una de ellas, del 10% del coste estimado de las obras ordenadas».
Finalmente, en caso de que «la administración aprecie incumplimiento de dichos deberes de conservación, podrá incoarse el correspondiente expediente sancionador por comisión de infracción grave», lo que podría suponer una multa de entre 6.001 y 150.000 euros.
Imagen: EL DÍA
