Las cabras asilvestradas ocuparon buena parte del interés informativo de la comparecencia en comisión parlamentaria de José Antonio Valbuena, titular del departamento de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.
Sobre las cabras asilvestradas, el consejero fue muy claro: «La primera medida respecto a unos rebaños que han acabado ya con especies autóctonas en Anaga es la apañada; pero si no fuera posible, hay que abatir«.
«Nadie defiende más la vida que yo en todos sus ámbitos, pero hay que afrontar la situación de estos animales, cabras u ovejas salvajes, en lugares como los Macizos de Anaga y Teno, en Tenerife, donde es muy complicado acceder para llevar a cabo las apañadas», explica el consejero.
Valbuena establece como marco dos parámetros para el trabajo legislativo que prepara su área . Por un lado, la vigilancia y la detección temprana y, por otro, la información a la ciudadanía y la participación activa de esta a través de campañas de concienciación».
José Antonio Valbuena, que comparece en esta comisión parlamentaria para diseccionar la nueva normativa sobre especies invasoras, pide valentía a los cabildos para actuar y cuestiona los planteamientos animalistas «que parecen responder de manera distinta según las circunstancias, con dos varas de medir». Lo explica en el sentido de su preocupación por los animales de especies invasoras, pero no por las autóctonas en riesgo de extinción a consecuencia de la acción de aquellas. Añade que muchas veces hay que tomar decisiones que no son gratas pero que no queda más remedio que adoptarlas.
Valbuena confiesa ser un firme partidario de las apañadas, que consiste básicamente en reunir a los rebaños en espacios acotados, y comenta que el Gobierno de Canarias prepara este decreto para, entre otras cosas, recuperar la tradición. «Esta es la fase de poner el cascabel al gato» porque, insiste «cuando la apañada no es factible, hay que abatir».
El consejero también argumenta que la acción de eliminar «se debe tomar siempre con medidas rigurosas para que los animales sufran lo menos posible», y apostilla que si no se actúa de forma rápida hay especies autóctonas que desaparecerán. Algunas lo han hecho ya. Valbuena rechaza las acusaciones en el sentido de que abatir suponga «un fracaso político». Para él, «el fracaso es que desaparezcan especies autóctonas».
Daños en la biodiversidad, en la agricultura y en la ganadería, pero también un peligro para la salud y la seguridad de la población. Son las razones esgrimidas durante la sesión para acometer la lucha desde las instituciones contra las especies invasoras.
Pero nada de esto sería posible son la conciencia e implicación de la ciudadanía, no solo advirtiendo de la presencia con el uso de aplicaciones como la Red de Detección Temprana de Especies Exóticas (Redexos) que se mantiene de años anteriores, sino con un nivel de conciencia que no lleve a alimentar a las ardillas morunas – que alcanza ya el millón de ejemplares cuando apenas llegó una pareja a Maxorata en los años sesenta del siglo pasado – o a considerar autóctona, por ejemplo, la tunera, que no lo es.
Manuel Marrero, de Sí Podemos Canarias, recuerda en este sentido las 1.900 especies vegetales registradas en las islas, de ellas unas 600 exclusivas. En este ámbito enumera, otra vez como un simple ejemplo, las afecciones del temido picudín de la palmera.
Valbuena plantea las cinco afecciones principales de estas especies invasoras: la depredación, la competencia con los recursos naturales, la alteración de hábitat y genética y la transmisión de parásitos y enfermedades.
El consejero no sólo habla de cabras u ovejas, sino que recuerda también lo ocurrido con los gatos salvajes («imposibles de volver a domesticar») o con el rabo de gato, el penicetum setaecum, especie vegetal que ya no se puede erradicar sino únicamente controlar en las zonas urbanas.
Prevención y control son las premisas de este documento que elabora el Gobierno de Canarias que, en palabras del consejero, «pretende establecer con claridad los protocolos de actuación» en su ámbito competencial. Para ello cuenta en estos presupuestos 2020 con 1.800.000 euros que, en su mayoría, están destinados a despertar la conciencia ciudadana sobre un problema que nos afecta a todos y todas.
Publicada originalmente en EL DÍA
