Cuadrillas coordinadas por la entidad Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), a través de una encomienda del Cabildo de Tenerife, comenzarán a partir de la próxima semana a abatir las cabras asilvestradas que se encuentran en los parques rurales de Anaga y Teno. Se espera así poder acabar con una situación que pone en serio peligro el equilibrio ecológico de estos parajes naturales, ya que la población descontrolada de estos animales está acabando con la flora endémica.
La consejera insular de Gestión del Medio Natural, Isabel García, detalla que ha autorizado que a partir de la próxima semana comiencen a trabajar estas cuadrillas que solo sacrificarán a los animales que se encuentren en zonas de difícil acceso y que puedan suponer un peligro a la población.
García expone que solo en el Parque Rural de Anaga existen más de un millar de ejemplares salvajes que están poniendo en riesgo los valores ecológicos de la zona. De hecho, un estudio encargado por el Cabildo insular hace unos años concluyó que estos animales están acabando con flora que únicamente existe en estos lugares, algo que también afecta a la fauna que se alimenta de ellas. Además, las cabras asilvestradas generan daños a los agricultores y ganaderos de la zona y pueden poner en peligro la seguridad de las personas, ya que su actividad en las partes altas del macizo puede provocar desprendimientos que acaben ocasionando accidentes.
La consejera afirma que la actuación cuenta con todos los informes favorables de los técnicos y expertos y que se trata de una medida que ya se ha llevado a cabo en otras islas como Gran Canaria o La Gomera que atraviesan problemas similares.
Además, señala que la medida también cuenta con el respaldo de la mayor parte de los vecinos y las vecinas de Anaga, ya que afirma que solo una de las 27 asociaciones que existen en este territorio votó en contra. «Los y las residentes están cansados/as de los destrozos que ocasionan en sus huertas y en sus propiedades», indica.
Es muy difícil concretar cuánto tiempo se tardará en reducir la población de estos animales, pero García prevé que los trabajos se alarguen al menos durante dos años. A lo largo de este periodo «se realizarán testeos para poder conocer si está disminuyendo el número de ejemplares» y conocer de esta manera si la medida está realizándose de manera correcta.
En cuanto a los restos de los animales que sean abatidos, García apunta que «en la medida de lo posible» se enterrarán en la zona o se tratarán de cubrir parcialmente en zonas no transitadas, ya que resalta la dificultad para trasladarlos a otros puntos una vez sean sacrificados.
Sin embargo, la consejera no descarta que se puedan llevar a cabo apañadas en algunos puntos accesibles con cabreros de la zona que ya se han mostrado interesados, aunque reconoce que el futuro que puedan tener los ejemplares que logren ser capturados es incierto, ya que la normativa prohíbe introducir las piezas silvestres dentro de la cadena alimenticia al no garantizar la trazabilidad. «Estos animales no han tenido un control sanitario, lo que hace que no puedan destinarse a la producción de leche, ni tampoco se puede consumir su carne», apunta la responsable del área. «Primero sería necesario que pasaran un periodo de cuarentena o al menos se les realizasen algunos análisis que verifiquen que cuentan con un buen estado de salud y que no van a contagiar al resto del rebaño», indica.
Además, insiste en que muchos de estos ejemplares no logran adaptarse cuando comienzan a convivir con los animales domesticados. «Una situación que ocasiona que los cabreros vuelvan a dejarlas en libertad, por lo que nunca se soluciona el problema», valora.
La población de cabras asilvestradas en estos dos parques rurales comenzó a crecer de manera descontrolada cuando una parte de los vecinos y vecinas de estas zonas abandonaron sus rebaños para dedicarse al turismo o la construcción. Una situación que se agravó hace algunos años cuando un cambio en la ley de caza excluyó a este mamífero del control cinegético.
Por eso, para garantizar que en el desarrollo de esta medida acabaran abatiéndose ejemplares que sí tuvieran legítimos propietarios, el Cabildo solicitó a los ayuntamientos afectados que publicaran bandos en el que se daba un plazo a las personas propietarias para que retirasen los animales domésticos de la zona. Una medida que García asegura que no ha surtido efecto, ya que no se ha constatado que haya disminuido la presencia de estos mamíferos en estado salvaje en ninguno de los parques rurales. Por lo que a partir de la próxima semana comenzarán los abatimientos controlados.
